Los alcaldes de los municipios chiapanecos de Bochil y Socoltenango, Gildardo Zenteno y Javier Mazariegos, respectivamente, deben renunciar dignamente a la brevedad al cargo que el pueblo les confirió por ineptitud y diversas anomalías cometidas en agravio de la ciudadanía.
De hecho, en el caso del bochilteco, cuando el mismo Congreso del Estado de Chiapas ha promovido su desafuero aún no procede para irse a su casa confinado en espera de la aplicación de la justicia por señalamientos en su contra y responder con fundamenros.
Otro que debe desocupar lo más pronto posible la presidencia municipal, ante serias acusaciones y denuncias en su contra por irregularidades e ineptitud, es el de Socoltenango, Javier Mazariegos, quién es señalado de despojo de tierras.
Pobladores de la localidad denuncian que el edil en cuestión, con el apoyo y respaldo de unos 300 policías municipales, y pobladores de "El Porvenir", hizo acto de presencia recientemente en el ejido Brasilia para despojar a legítimos propietarios de sus terrenos.
Por temor a represalias, forma anónima, la gente humilde más atropellada, afectada y perjudicada, pertenece a la colonia "Unión Campesina" y "Lázaro Cárdenas del Río", la cuál denuncia que el munícipe es encubierto por el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos y el delegado regional, Jordan Morales.
Humildes campesinos confiaron a este medio que han trabajado en estos predios desde más de 27 años y se dedican al cultivo del maíz, la cría de ganados y la siembra de cacahuates.
Los intereses personales de Mazariegos Guillén son tales, argumentan, que poco le importa cometer actos de injusticia como el presente dado a conocer a través de información filtrada.
Habitantes afectados hacen un llamado al Gobierno de Chiapas que encabeza el Dr. Rutilio Escandón Cadenas, para que tome cartas en el asunto y ponga en cintura a este presidente municipal.
Recientemente el presidente municipal de Socoltenango encabezó un operativo para despojar de terrenos a humildes pobladores de "Unión campesina" y "Lázaro Cárdenas", quienes son propietarios de esos terrenos desde hace más de dos décadas.
Por último, concluyen que tomando en cuenta la política del gobierno de la 4T no debe haber intocables, solapados ni encubiertos ni corruptos por abusos de autoridad.